Las turbulentas elecciones de Guatemala
Las elecciones en Guatemala demuestran que el retroceso democrático está en marcha. A pesar de la gran energía en torno a un nuevo candidato presidencial con planes para fortalecer el gobierno y la rendición de cuentas democrática, es poco probable que los partidos y candidatos establecidos se acomoden a estas demandas.
En los últimos años, hemos sido testigos de la erosión e incluso el colapso de la democracia en la mayoría de los países de América Central. Las recientes elecciones en Guatemala destacan la debilitación del estado de derecho en el país y las luchas de poder entre facciones poderosas. Los significativos esfuerzos para combatir la corrupción bajo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido sistemáticamente desmantelados durante las dos últimas administraciones gubernamentales. En los últimos años, hemos visto un aumento de la presión estatal contra periodistas, la sociedad civil y aquellos involucrados en investigaciones anteriores de la CICIG. Este retroceso democrático afectó a las elecciones recientes en Guatemala, debilitando las instituciones democráticas y electorales, empañando en última instancia el proceso electoral. Además, de manera sorprendente, catapultó a un candidato menos conocido (y financiado) que hizo campaña con una plataforma anticorrupción a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, enfrentándolo a un candidato del establecimiento asociado con los bloques de poder antidemocráticos.
En juego en las elecciones generales del 25 de junio estaban más de 4,300 cargos electos, incluyendo el presidente, los 160 escaños del Congreso, los gobiernos locales (340 alcaldes y 3,965 representantes municipales) y los 20 delegados para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En muchos aspectos, estas elecciones siguieron patrones establecidos después de la restauración de la democracia. Los votantes se enfrentaron a una gran cantidad de opciones, con 29 partidos políticos registrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los cuales 12 eran nuevos y 22 presentaron candidatos presidenciales. Como en elecciones anteriores, los nuevos partidos tuvieron un buen desempeño, asegurando el 37 por ciento de los votos, muy por encima del promedio del país (17.61 por ciento entre 1985 y 2023). La volatilidad electoral se mantuvo alta en un 40.64 por ciento, apenas por debajo del promedio del país de 41.52 por ciento (1985-2023). Como en elecciones anteriores, las elecciones de 2023 se caracterizaron por apelaciones personalistas, gastos elevados y baja participación electoral. Los temas más discutidos fueron la seguridad, la economía y la corrupción. Sin embargo, con pocas excepciones, las discusiones se llevaron a cabo en términos generales en lugar de propuestas políticas claras. Solo algunos candidatos presidenciales publicaron un plan de gobierno y solo algunos de ellos proporcionaron ideas concretas para que los votantes las evaluaran.
La realidad del débil sistema de partidos institucionalizados de Guatemala significa que es difícil responsabilizar a los políticos y partidos. Hacer un seguimiento de los candidatos/partidos es complicado, desafiando incluso al votante mejor informado. Además de este complejo escenario electoral, las elecciones de 2023 también estuvieron marcadas por una serie de decisiones controvertidas que la separaron negativamente de las anteriores y destacaron hasta qué punto las instituciones democráticas del país se han debilitado.
Entre los problemas se encontraba la aplicación selectiva de las reglas electorales y el uso de tecnicismos para marginar a cuatro candidatos (Thelma Cabrera, Roberto Arzú, Oscar Rodolfo Castañeda y Carlos Pineda). El último en ser descalificado por el TSE, Pineda, era el favorito en las encuestas un mes antes de las elecciones. Las cuatro decisiones daban la impresión de ser políticas en lugar de aplicaciones imparciales del estado de derecho por parte del TSE y la Corte Constitucional. Estas decisiones debilitaron la confianza en el proceso electoral y en las instituciones en la antesala de las elecciones.
El día de las elecciones, la insatisfacción de los guatemaltecos con el proceso electoral fue visible de al menos tres maneras: en primer lugar, con el bajo número de votantes jóvenes que se registraron para votar. En segundo lugar, el alto porcentaje de ciudadanos que emitieron votos nulos y en blanco fue del 24.38 por ciento, más alto que cualquier candidato presidencial que recibió el 22.38 por ciento, superior al de cualquier otro candidato presidencial. En tercer lugar, con la baja participación, solo el 60 por ciento de la población ejerció su derecho al voto.
A nivel presidencial, Sandra Torres con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo el mayor porcentaje de votos (15.86 por ciento). Es la tercera vez que Torres se postula para la presidencia; también logró un lugar en la segunda vuelta electoral en sus intentos anteriores. El sorprendente segundo lugar fue para Bernardo Arévalo, del partido progresista Movimiento Semilla, quien obtuvo el 11.78 por ciento de los votos, haciendo campaña principalmente con una plataforma anticorrupción. El segundo lugar de Arévalo fue sorprendente porque las encuestas lo ubicaban por debajo de los tres primeros candidatos. Dado que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos, los guatemaltecos votarán en una segunda vuelta electoral el 20 de agosto.
Otra diferencia marcada y preocupante entre estas elecciones y las anteriores es la inestabilidad del período posterior a las elecciones. Grupos poderosos han intentado utilizar el sistema judicial para eliminar a Arévalo de la segunda vuelta electoral. Un primer intento se hizo antes de que el TSE certificara los resultados. El 1 de julio, nueve partidos políticos, incluyendo la UNE, pidieron a la Corte Constitucional un segundo recuento de los actos oficiales, alegando fraude por parte de los representantes de Semilla. Sin cambios significativos en los resultados después de que el TSE revisara los actos cuestionados, la Corte Suprema del país reconoció la legalidad del proceso electoral y el TSE certificó los resultados el 12 de julio.
El mismo día en que se resolvió el desafío a los votos, el gobierno, a través de funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía General (Ministerio Público, MP), inició un segundo intento de eliminar a Semilla al cancelar el partido, citando inconsistencias y alegando corrupción en el proceso de registro del partido. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha luchado contra estos movimientos, argumentando que tiene la autoridad exclusiva sobre el asunto, además de citar la ley electoral de Guatemala, que establece que una vez que ha comenzado un proceso electoral, no se pueden suspender los partidos políticos. En general, el público ha respaldado el derecho de Semilla a participar en la segunda vuelta electoral y se ha unido en apoyo al TSE y sus decisiones en el período posterior a las elecciones.
Desde las primeras acusaciones el 12 de julio, el MP y la Feci han continuado acosando a Semilla. Al igual que en decisiones anteriores en el ciclo electoral, las acciones de la Feci y el MP resaltan la falta de independencia judicial y el respeto por el estado de derecho. No está claro cuándo o si el gobierno retrocederá en su posición sobre la legalidad de Semilla y su candidato, y dará a los guatemaltecos la oportunidad de centrarse en la segunda vuelta electoral.
Independientemente de quién gane la elección presidencial, gobernar seguirá siendo un desafío en Guatemala. El diseño constitucional del país significa que los presidentes tienen pocas facultades institucionales y requieren una mayoría de trabajo en el Congreso. Los resultados de las elecciones de junio dejaron al Congreso de Guatemala altamente fraccionado, como ha sido el caso en elecciones anteriores. Los 160 escaños del Congreso del país se dividirán entre 20 partidos, con el partido del presidente saliente (VAMOS) teniendo una mayoría con 39 escaños, mientras que UNE tiene 28 y Semilla 23.
En general, las elecciones de Guatemala en 2023 destacaron el retroceso democrático que ha tenido lugar en el país; el proceso está marcado por irregularidades que han debilitado aún más la democracia. En este momento, la incertidumbre sobre qué candidatos participarán en la segunda vuelta parece haberse resuelto; sin embargo, Semilla continúa enfrentando ataques por parte del gobierno actual.
No está claro quién ganará la segunda vuelta electoral. Las dos opciones son marcadas y representan dos caminos muy diferentes para los guatemaltecos. Por un lado, Torres y su partido representan el statu quo, donde el retroceso democrático, incluida la corrupción, el acoso a organizaciones de derechos humanos y medio ambiente, así como a periodistas, parecen ser el resultado más probable. Por otro lado, Arévalo y Semilla prometen llevar a Guatemala de nuevo por un camino democrático, centrándose en continuar la lucha contra la corrupción y el respeto por el estado de derecho. Este último es el camino más arduo. Dado los bloques de poder arraigados, llevar a cabo un cambio político fundamental en el país será un desafío. Sin embargo, la esperanza que Semilla representa es un recordatorio de la movilización de la sociedad civil en 2015 y del amplio apoyo que entonces existía para un cambio político sustancial. En una región plagada de erosión de la democracia, Guatemala podría servir como ejemplo de lo que es posible cuando los ciudadanos eligen un camino democrático.
